DENUNCIAS FALSAS

DENUNCIAS FALSAS

DELITOS

DENUNCIAS FALSAS

El delito de denuncia falsa recogido en el artículo 456 del Código Penal :
La víctima de la denuncia de acusación falsa puede y debe perseguirlo.
“No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada”.
456 del Código Penal, apartado 1º fija la imposición de las siguientes penas:
Con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito grave.
Con la pena de multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito menos grave.
Con la pena de multa de 3 a 6 meses, si se imputara un delito leve.

La denuncia falsa suele llevar aparejado la consecución de un fin. En derecho de familia tradicionalmente se utilizan para derivar el asunto a la jurisdicción de violencia sobre la mujer o de género

Requisitos:

a) Que haya recaído resolución judicial de sobreseimiento y archivo.
b) que los hechos imputados sean contra una persona cierta.
c) Que de ser ciertos los hechos supongan un delito.
d) Que los hechos imputados sean falsos.
e) Que la denuncia se presente ante una Autoridad con obligación de actuar.
f) Que la intención del denunciante de los falsos hechos se realice con la voluntad de hacer daño a la persona denunciada y con conocimiento de la falsedad de tales hechos.
Solo en España se han procedido a dictar sentencias por denuncias falsas en un mínimo porcentaje respecto de la cantidad de denuncias falsas que en derecho de familia existen , para perseguir . En cuestiones de derecho de familia es muy frecuente que una de las partes, con o sin asesoramiento denuncie hechos que nunca sucedieron y que de haber sido ciertos constituirían un ilícito penal recogido en el Código Penal Español.
El propio Juez o Tribunal que dicte esta resolución puede proceder de oficio contra quien ha denunciado en falso, si hubiera indicios suficientes de la falsedad de la imputación, pero esto en la realidad los jueces no lo hacen de oficio . Al menos en nuestra practica NO lo hemos visto.
La pena que lleva aparejada el delito de DENUNCIA FALSA depende de la gravedad del ilícito que se haya imputado falsamente.
El artículo 456 del Código Penal, recoge la imposición de las siguientes penas:
I. pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses, delito grave.
II. Pena de multa de 12 a 24 meses, delito menos grave.
pena de multa de 3 a 6 meses, delito leve.

Legalización de la gestación subrogada en España

Legalización de la gestación subrogada en España

Se acaba de presentar ante el Congreso de los Diputados por primera vez una proposición de ley para legalizar la maternidad subrogada en España. La proposición parte del grupo político Ciudadanos y nace de la necesidad de legalizar en España un método de reproducción asistida que a pesar de no estar reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, existe en nuestro país desde hace años, dado que cada vez son más numerosas las personas que al no poder ser padres por si mismos se ven en la necesidad de recurrir a este método, que se realiza fuera de nuestro país.

Son numerosos los casos de personajes famosos; desde baronesas hasta artistas, y futbolistas, Cristiano Ronaldo el último en sumarse a esta lista, los que recurren a la gestación subrogada y que retornan a España con sus bebés concebidos y nacidos en países extranjeros. Es en el momento de retornar a España con el bebé recién nacido, donde los padres se encuentran con infinidad de problemas al no ser legal esta práctica en nuestro país y es cuando entra en acción la práctica de todo tipo de técnicas, más o menos aceptables, para que estos bebés puedan ser considerados hijos de sus padres biológicos y españoles.

Esta proposición de ley para legalizar la maternidad subrogada, lejos de querer abrir tensos debates sobre su adecuación y necesidad, viene a tratar de normalizar la situación que ya existe en nuestra sociedad, puesto que el hecho de que no se realice en España no significa que no haya niños españoles que hayan llegado al mundo por este método. Es más, esta Ley tiene en sus manos acabar con las mafias que valiéndose de la desesperación de las personas que no pueden ser padres por sí mismas, se lanzan a ofertar este sistema de gestación como algo hecho y seguro y una vez que el bebé ha nacido los progenitores se encuentran con un verdadero calvario puesto que su bebé para el Estado Español se encuentra en una situación alegal.

El no lucrarse de este método de concepción es principalmente uno de los puntos fuertes de este proyecto de ley ya que prevé unos mecanismos que evitarían que se conviertan en un negocio, y por ende la mal llamada explotación de la mujer, dando un giro totalmente a favor de una decisión altruista por parte de la madre gestante.

En líneas generales las directrices del proyecto de ley vienen a ser las siguientes:

  • Para poder acudir a este método tiene que haberse probado cualquier otro método o técnica de reproducción asistida y demostrar que no existe otra vía para poder concebir, y que esos impedimentos son tan contundentes que no dejan más vía que acudir directamente a la gestación subrogada.
  • Carácter altruista. la compensación económica a la madre gestante se limitará a los gastos derivados del embarazo, pero sin que exista compensación salarial alguna entre la madre gestante y los progenitores biológicos. Este sistema es similar al que está vigente en Canadá.
  • La madre gestante no podrá sobrepasar la edad de 45 años y tiene que tener al menos 25 años. Deberá tener plena capacidad jurídica y además se establece que deberá ser española o ser residente legan en España y carecer de antecedentes penales.
  • La madre gestante además deberá acreditar entorno socio-económico estable que garantice sin ningún lugar a dudas las circunstancias de salud y seguridad adecuadas para poder llevar a cabo la gestación. Este punto no obstante será objeto de desarrollo posterior a la ley.
  • La madre gestante deberá acreditar haber gestado con anterioridad, al menos un hijo sano.
  • En ningún caso se podrá ser madre gestante  en más de dos ocasiones.
  • Se establece la creación de un registro de gestación por sustitución, de modo semejante al que existe para el caso por ejemplo de los donantes de órganos, con el fin de a conocer y proteger cada caso de manera individual y comprobar que se respectan cada uno de los requisitos recogidos en el articulado de la ley.
  • Los progenitores subrogantes (biológicos) deberán acudir a la gestación por subrogación aportando su propio material genético. Para ello se exigirá la firma y formalización de un contrato específico en esta materia, por el que se acreditará el sometimiento expreso a todas y cada una de las exigencias que la ley establezca, y sobre todo dejando garantizado que el material genético no pertenece en ningún caso a la madre gestante.

Esta ley pretende dar un paso adelante hacia la igualdad entre todas las familias; primero permitiendo que todo el que quiera ser padre tenga garantizado el acceso a esa posibilidad, sin ser necesario pertenecer a unas esferas sociales con altos ingresos económicos, a las que hasta ahora está reservado este procedimiento de gestación por los altísimos costes que el mismo conlleva, segundo garantizando una legalidad en todo el proceso del que ahora en España no se goza, con las consiguientes eternas luchas posteriores por tratar de regular la situación alegal del bebé que ha nacido en un país extranjero y por gestación subrogada, y por último, y no menos importante, acabar con las mafias que por procedimientos totalmente despreciables abusan tanto de los progenitores biológicos como de las madres gestantes, por el mero interés del lucro económico.

Estaremos muy atentos al debate parlamentario de esta ley que previsiblemente comenzará en otoño de este 2017 y saber si el resto de los partidos políticos se suman a la toma de consideración, superando de este modo la primera fase, para posteriormente proceder a realizar las enmiendas y su tramitación.

Sustracción de los hijos Menores, condena a la abogada como cómplice de la madre incumplidora.

Sustracción de los hijos Menores, condena a la abogada como cómplice de la madre incumplidora.

 

La reciente Sentencia 259/2017 de 29 de junio de 2017, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Lugo establece la culpabilidad de una madre por presuntos delitos de sustracción de menores respecto de sus hijos de 8 y 14 años, a los cuales ocultó por dos años al progenitor paterno, y de la abogada de la misma como cómplice del mismo delito.

La madre interpuso denuncia contra el padre de los menores por abusos sexuales y malos tratos y  al no  prosperar ninguna de las dos,  es entonces, cuando decide convertirse en juez y parte y resuelve ocultar a los menores impidiendo todo tipo de relación y contacto con el padre.

Tanto en el caso de la madre como en el de la abogada  casos se han aplicado las atenuantes de anomalía o alteración psíquica y dilaciones indebidas.En el informe pericial psiquiátricoque se realizó, se concluye que la madre experimentó un fenómeno de fabulación que, protegida y jaleada por su entorno familiar  y por su propia letrada, hizo que sus mentiras  en cuanto a los abusos del padre  llegasen casi a ser creídas por ella misma y así conseguir que su historia tuviera un empaque   más  que convincente para su entorno más próximo y familiar.

La prueba

La controversia suscitada por  la aceptación como prueba de cargo de las grabaciones  de conversaciones  telefónicas entre la madre y la abogada ha suscitado un debate en torno al derecho de la confidencialidad entre letrado y cliente y el silencio profesional.

En primer lugar Su Señoría en esta Sentencia aclara que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 588 ter j, autoriza la posibilidad de incorporación al procedimiento por autorización judicial, de los datos electrónicos de tráfico o asociados conservados por los prestadores de servicios o personas que faciliten la comunicación, y ello en cumplimiento de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones.

Para su defensa la parte acusada esgrimió como causa de nulidad de la aceptación como prueba de las intervenciones telefónicas, el estar vulnerando el derecho de confidencialidad entre letrado y clientes, al ser aquélla letrada de los acusados.

No obstante, según el Tribunal Supremo, “el secreto profesional que protege las relaciones de los abogados con sus clientes tiene como límite el hecho de que el abogado sea asimismo investigado”, como concurre en este caso. El Secreto Profesional puede,ser interferido por decisiones judiciales que así lo acuerden, ordenando la intervención de los teléfonos utilizados por dicho profesionalen circunstancias excepcionales.

Las  conversaciones intervenidas a la madre y sus familiares (algunos de ellos también acusados)  con la letrada condenada, son tan explicitas que la  juez consideró que en ellas  existen indicios suficientes para  acreditar  la participación activa de ésta en los hechos investigados. Es la propia abogada, la que  en una de estas conversaciones  animaba a la  madre a ocultar a sus hijos ensalzando  que en realidad es una madre luchadora y muy fuerte. No contenta con eso además  y la alienta y la jalea para que aguante la situación, transmitiéndole la idea de trasladarse con los niños a otra comunidad autónoma, utilizando  documentación falsa y en coche, aprovechando para realizar el desplazamiento una época de movimientos de tráfico masivos.

La sustracción de Menores

La acusada trató de justificar el alejamiento de los menores al padrees grimiendo que su intención no era incumplir las resoluciones judiciales, sino que su deber era la de proteger a sus hijos frente a una situación de riesgo  que para ella suponía  el mero hecho de ser entregados al padre, respaldándose en unos supuestos malos tratos por parte del padre hacia el hijo y a unos supuestos abusos sexuales por parte de dicho progenitor hacia la hija, y que a pesar de ser denunciados por la madre ambas  fueron sobreseídas y archivadas.

La  sentencia establece que la madre, incumplió los deberes legalmente establecidos, al quedar probado  que fue en todo momento conocedora de las resoluciones  en las que se archivaban sus denuncias y que la obligaban en los distintos procedimientos interpuestos a entregar a los menores a su padre, haciendo caso omiso de las notificaciones y requerimientos efectuados.

Además lo que es un hecho gravísimo que perjudica solo y exclusivamente a los menores, durante el periodo en que la madre los mantiene ocultos, no estuvieron escolarizados y los mantuvo sin control médico alguno. Los obligaba a estar la inmensa mayoría del tiempo encerrados en la propia vivienda para evitar que la descubrieran, con las secuelas psicológicas que este encierro ha podido dejar en los niños.

La abogada considerada cómplice de la madre

De la prueba practicada  en el procedimiento la Juez considera que se desprende, la total implicación en los hechos de la letrada  como abogada de confianza de la progenitora y con la que parecía mantener una relación que excedía de la meramente profesional.

La Sentencia establece que ha existido en la letrada acusada la voluntad consciente de ayudar a la ejecución del hecho delictivo colaborando con la madre, lo que reafirma la existencia de dolo en su actuación. Esto es así, porque de las conversaciones interceptadas entre la madre y la abogada, se considera que la letrada,no sólo, no se limitaba a asesorar sobre aspectos legales, sino que participaba activamente en la toma de las decisiones de la madre prestando su ayuda a sustraerse de la búsqueda policial.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR MAL FUNCIONAMIENTO

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR MAL FUNCIONAMIENTO

García Mariscal Abogados, han defendido con éxito numerosísimos casos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Sabemos lo que hacemos, tenemos una extraordinaria formación a disposición de nuestros clientes para la defensa de sus derechos. Las Administraciones Públicas están obligadas a la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos. Responden por el mal funcionamiento de los servicios que prestan. Los ciudadanos deben exigir la prestación de servicios correcta.

La reclamación de indemnizaciones por mal funcionamiento de la administración y su responsabilidad patrimonial.

Pasaportes de los hijos menores de edad

Pasaportes de los hijos menores de edad

La expedición del pasaporte, puede resultar de interés, especialmente por los requisitos para cuando se trata de un menor o incapaz sometido a tutela.

Cuando la persona que solicite la expedición del pasaporte fuera menor de edad y no estuviera en posesión del documento nacional de identidad, por no estar obligado a su obtención, deberá aportar una certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente con una antelación máxima de seis meses a la fecha de presentación de la solicitud de expedición del pasaporte y que contengan la anotación de que se ha emitido a los solos efectos de la obtención de este documento.

Para la expedición del pasaporte a los menores de edad o personas incapacitadas, deberá constar el consentimiento expreso de quienes tengan atribuido el ejercicio de la patria potestad o tutela con la indicación, por su parte, de que su ejercicio no se encuentra limitado para prestarlo, debiendo en caso contrario suplir su falta con autorización judicial.

Este consentimiento se prestará ante el órgano competente para la expedición del pasaporte. También podrá prestarse ante fedatario público, en cuyo caso, deberá acompañarse a la solicitud, copia auténtica del documento del que resulte el citado consentimiento.

En el momento de prestar el consentimiento, las personas que tengan atribuido el ejercicio de la patria potestad o tutela deberán acreditar su identidad con el documento nacional de identidad en vigor, en el caso de ciudadanos españoles, o con el número de identificación de extranjeros, o documento oficial válido para entrar o residir en España, también en vigor, en el caso de los extranjeros, salvo que la tutela hubiese sido asumida por ministerio de la ley. Además, se deberá acreditar la relación de parentesco, o condición de tutor, mediante la presentación de cualquier documento oficial al efecto.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS

La responsabilidad por daños: avería causada por la tubería

¿A quien corresponde? a la Comunidad o al propietario.

Donde se encuentre instalada la tubería, marcará el carácter; si en elemento común o privativo de las tuberías dentro de en edificio en régimen de propiedad horizontal distingue entre:

Elemento común: Responde la Comunidad

Elemento Privativo: Responde el propietario del piso

El punto fundamental a descubrir es quien ostenta el control sobre la tubería (i) el titular del elemento privativo o, en su caso, (ii) la comunidad de propietarios.

El art. 3 Ley Propiedad Horizontal, se refiere al elemento en el que se produjo la rotura causante del daño, para deslindar lo común de lo privativo, en relación con el artículo 396 del Código Civil establece que es el dueño de cada piso o local a quien corresponde el derecho singular y exclusivo de propiedad.

Es importante saber la titularidad y cobertura de los seguros , de la comunidad y de cada propietario.

Se debe chequear que cubra daños producidos por agua ( rotura de tuberias, inundaciones etc)

La Comunidad siempre tiene un seguro que cubre el riesgo de rotura de tuberías. El propietario a veces lo tiene a veces no

La Legislación aplicable : El art. 396 del Código Civil y el art. 3 de la Ley de Propiedad Horizontal

La sentencia de siete de junio de 2007 de la Audiencia Provincial de Madrid establece un criterio a tener en cuenta : La tubería solo merece la consideración de elemento privativo y hace surgir la responsabilidad del propietario por su mantenimiento y adecuada conservación, cuando entra dentro del poder de disposición y utilización del propietario de la vivienda y, por tanto, asume el coste del consumo de agua. La obligación de mantener en buen estado la instalación o conducción del agua solo surge, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1-b de la Ley de Propiedad Horizontal , a partir de la llave de paso a la vivienda, susceptible de ser manejada por el propietario o, en su defecto, desde el contador. Antes de ese punto ni hay obligación de mantener la instalación ni de pagar el consumo de agua

Hallarse o no comprendida la instalación averiada dentro del espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente al propietario, así como el de los anejos que expresamente hayan sido señalados en el título aunque se hallen situados fuera del espacio delimitado.

 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS

AVERÍA EN LA RED DE AGUA PÚBLICA QUE PROVOCA DAÑOS EN SU VIVIENDA

Plazo de un año para reclamar los daños.

Los defectos en la red de saneamiento publica, y los daños patrimoniales que producen, generan responsabilidad por parte de la Administración, como consecuencia del mal funcionamiento de un servicio público.

  • Hay que realizar una reclamación  dentro  del plazo de un año desde que el hecho ocurrió, y que da pie a responsabilidad.
  • Se deberá acreditar  la relación causa-efecto para reclamar por mal funcionamiento  de la prestación de servicios de la administración publica y los daños que ha generado al particular.

Los daños por una avería en la red de abastecimiento de agua sanitaria, requieren para su acreditación debida :

  1. Reclamación  por escrito, de la avería a la empresa suministradora.
  2. Informe  de experto perito, que tase la reparación de los daños en su vivienda, y acredite su nexo con la avería en la red de saneamiento.
  3. Denuncia en la Policía, Guardia Civil  
  4. Escrito Formal de reclamación  de los daños sufridos ante la Administración
EL DIVORCIO ANTE NOTARIO TIENE QUE ASISTIR AL MENOS UN ABOGADO

EL DIVORCIO ANTE NOTARIO TIENE QUE ASISTIR AL MENOS UN ABOGADO

La sin razón la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (LJV) se ha hecho muy popular., entre otros aciertos porque desde su entrada en vigor los Notarios podrán casar y divorciar.
Las condiciones que deben darse de modo inexorable para que un divorcio realizado ante Notario tenga plena validez. encontramos tres fundamentales:
(i) que el divorcio sea de mutuo acuerdo;
(ii) que no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente y,
(iii) que los cónyuges estén asistidos por un letrado.

De tal modo que, si uno de estos requisitos no se cumple, la ruta adecuada será la vía judicial (pudiendo darse esta de mutuo acuerdo o de forma contenciosa).

¿Aun cumpliéndose los requisitos, es aconsejable el divorcio notarial? Depende.
En ocasiones, las personas que se hallan en trámites de divorcio, les preocupan, principalmente, dos cuestiones:

1º.- EL CONVENIO REGULADOR CON EL ACUERDO ALCANZADO
2º.- EL TIEMPO QUE SE TARDA EN RUBRICAR EL ACUERDO

La forma mas rapida pero que a la vez ha de ser segura pues aunque los conyuges crean que no tienen nada en comun, ni hijos ni propiedades, la verdadera asesoria del buen abogado de familia es analizar en profundidad lcomo les vba a afectar su nueva situacion en los aspectos fiscales, futuras pensiones de la seguridad social o mutualidades y/ o los planes de pensiones que ambos pudieran tener o uno de ellos sin el conoci miento del otro.

Al ser un divorcio en el que la documentación que se entrega al abogado es la que las partes quieren o desean, pudiera ser que a alguno de ellos le interesara hacerlo de manera rápida a fin de distraer alguna inversión bien o derecho, por lo que el Abogado ha de ser lo suficientemente avispado para proteger los derechos de su cliente y utilizar los instrumentos legales de que dispone a fin de averiguar la realidad de la situación económico- financiera de las partes a fin de no causar ningún perjuicio a las partes.

EL DIVORCIO ANTE NOTARIO, a mi personalmente, me parece que ha de completarse con nuevos artículos que hagan eficiente y eficaz la verdadera situación patrimonial de las partes en todos sus aspectos. España aún no dispone de los instrumentos legales de los que otros países de nuestro entorno si a fin de garantizar a los que se divorcian por estos métodos notariales, que la situación es la que es y no otra. E incluso para los propios abogados a fin de conocer el alcance de lo que tienen entre sus manos.

Las partes mayormente con fin de acabar lo antes posible con esas extrañas y contrapuestas sensaciones que sin duda produce el proceso de divorcio, acuden y piden a los abogados este sistema. Y es, precisamente, guiados por estos impulsos, que podemos errar a la hora de elegir la vía más adecuada para tramitar el proceso de divorcio.
Y ello por cuanto, en la mayoría de ocasiones, es más que probable que no se tengan en cuenta otras cuestiones, tales como las consecuencias tributarias del mismo.
Sentado lo anterior, señalar que la LJV ha intentado equiparar la “resolución judicial de declaración divorcio de mutuo acuerdo” al “acta notarial de disolución de matrimonio”. No obstante, y pese a que la misma ha modificado numerosa normativa, parece que el Legislador ha olvidado modificar la Legislación Tributaria existente al respecto.

Ello supone que, a día de hoy y con la Legislación vigente en la mano, existen grandes diferencias entre un divorcio notarial y uno judicial, sobretodo en cuanto a cuestiones económicas se refiere.
Ejemplo : Un divorcio, de mutuo acuerdo, en el que no existen hijos menores ni con la capacidad modificada judicialmente, y en el que se tiene que realizar una extinción de condominio – esto es que uno de los cónyuges se adjudique el 100% del inmueble que tiene al 50% con el otro cónyuge-.

Este caso cumple los requisitos para que el divorcio pueda llevarse a cabo tanto ante Notario como por la vía judicial, pero las consecuencias económicas son sustancialmente distintas de elegir uno u otro modo.
Por una parte, si el divorcio se lleva a cabo mediando acta notarial, la transmisión del inmueble estará sujeto a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados(AJD), es decir, partiendo del valor real del inmueble, la operación tributará al tipo impositivo vigente que corresponda según la normativa de la Comunidad Autónoma -en Cataluña el tipo es del 1,5%-. Por el contrario, dicha transmisión no estará sujeta a la modalidad de AJD, si el divorcio se tramita mediando sentencia judicial, con independencia de la Comunidad donde se obtenga la misma.
En consecuencia, actualmente ¿es mejor acudir al divorcio judicial o al divorcio notarial si se cumplen los requisitos para ello? Según los casos y las circunstancias de cada uno puede ser mas eficiente acudir al Notario que acudir a los Juzgados.
Un buen jurista o una excepcional abogada de familia le sacara de dudas inmediatamente

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